Para no olvidar: la responsabilidad del estado en el caso Thiago

Con la confirmación de las condenas a perpetua a los padres sustitutos del menor fallecido en 2015 la provincia se sacó de encima un problema que hizo temblar su estructura.

La Sala IV del Tribunal de Impugnación confirmó las condenas a perpetua contra Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise por la muerte de Thiago Quipildor, el menor que habían adoptado y dependía del ex Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Sánchez y Senise provocaron la muerte de Thiago con maltratos que llegaron a provocarle casi 300 lesiones en el cuerpo.

Además, tres profesionales de la Dirección de Niñez y Familia de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y un médico recibieron condenas por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Deberán cumplir prisión condicional, no podrán ejercer sus profesiones durante tres y dos años (dependiendo de cada una) ni ejercer cargos públicos durante diez y ocho años.

Una sentencia que esquiva la responsabilidad del gobierno

Si bien las condenas para el matrimonio Sánchez Senise fueron contundentes y para nada discutibles por la gravedad de los hechos descubiertos, las condenas a las profesionales de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades fueron, por lo menos, poco sostenibles si se tiene en cuenta la evidencia que revelaron los medios antes del juicio y que demostraban que las máximas autoridades de Derechos Humanos estaban al tanto de un desmanejo que podría desencadenar una tragedia. Y eso fue lo que pasó.

En informes dirigidos a las autoridades se evidencia que al momento de la muerte de Thiago, la Dirección de Niñez y Familia presentaba muchas irregularidades de fondo: falta de personal, pocos vehículos y recursos escasos para trabajar. Y quizás lo más importante: la advertencia de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección sobre la importancia y la urgencia de cubrir esas falencias.

Marianela Cansino, entonces ministra de Derechos Humanos, estaba al tanto de las irregularidades. Existían informes de 2014 y 2015 que detallaban las falencias y necesidades que impedían un correcto desempeño de las profesionales, que simplemente no daban abasto.

Sin embargo, Cansino no fue señalada como responsable por la Justicia. Ninguna autoridad de peso fue acusada. Pero Juan Manuel Urtubey no se quedó de brazos cruzados: en septiembre de ese año, cuando murió Anahí, una adolescente que también dependía del Ministerio, el gobernador partió en dos a Derechos Humanos y sacó a Cansino. Derivó las dependencias de la cartera a Justicia y a Primera Infancia. Cansino fue enviada a un puesto menor en Educación. Es que los funcionarios no se van sino que se reciclan.

 

Fuente: Cuarto

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