Más de 200 exempleados del IPSS reclaman la propiedad participada

El área comercial de la entidad fue privatizada en 1996, pero solo cobraron sus acciones unas 20 personas. Denuncian irregularidades en dichos pagos. El reclamo está en la Justicia desde 2003.

Doscientos catorce personas que trabajaron en el ex Instituto Provincial de Seguros de Salta reclaman la propiedad participada por la privatización de la entidad en 1996. El IPSS se conformaba por dos partes, la social y la comercial, pasando esta última -en ese momento- a manos privadas. El reclamo hoy está en la Justicia.

Los programas de propiedad participada fueron creados por la ley 23.696 de 1989, capítulo III (reglamentado en 1993) como un modo específico para la adquisición, por parte de los empleados, de un porcentaje del capital accionario (un 10%) de las empresas privatizadas, mediante un contrato de adhesión y en forma voluntaria.

De acuerdo al relato de Susana Dantur, una exempleada de la compañía de seguros que luego tuvo que pasar a trabajar en la obra social, que actualmente es el Instituto Provincial de Salud de Salta, los trabajadores fueron «discriminados» en el programa de propiedad participada. «Las autoridades conformaron una lista arbitraria de unas 20 personas que resultaron beneficiadas y cobraron sus acciones, entre ellas se llegó a premiar a algunas que nunca estuvieron vinculados al ente, como una joven que era familiar de uno de los jefes», denunció.

El resto no cobró un centavo. Por lo que el reclamo fue elevado ante la Justicia en 2003. De los aproximadamente 300 empleados, de la capital y el interior provincial, no todos fueron incluidos en el expediente debido a los requisitos del programa. Uno de ellos ser planta permanente y estar en actividad en el momento de la privatización.

«Ahora muchos ya estamos jubilados, hay gente que se fue con retiro voluntario pero en ese momento estaba trabajando y hay personal en actividad todavía», le comentó a El Tribuno la mujer jubilada desde hace 12 años.

El proceso

La juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Silvia Longarte, falló a favor del reclamo que encaran los 214 trabajadores del ex Instituto Provincial de Seguros de Salta, pero en diciembre pasado -tras la apelación de la administración provincial- la Corte de Justicia rechazó por unanimidad dicha sentencia.

«La verdad quedamos desconcertados. De todas maneras nosotros seguiremos la pelea. No sabemos qué va a pasar, pero iremos hasta las últimas consecuencias», indicó.

Pero, ¿cómo se explica que unos cuantos hayan cobrado y el resto no? Susana Dantur dijo al respecto: «Hay una parte que dice que nos invitaron -mediante una comunicación interna- a quedarnos y trabajar en la compañía privatizada. Eso jamás ocurrió, la comunicación no existió. De haber ocurrido, ¿adónde iban a meter a más de 200 personas? Esa versión se cae por su propio peso».

El monto estimado de la propiedad participada que reclaman es de más de 20 millones de pesos. «Según la antigedad corresponde el pago y lo que a mi me pone mal es que se están muriendo mis compañeros. Ya perdimos 15 compañeros», concluyó.

Recurso de amparo

Luego de que la Corte de Justicia de Salta rechazara la demanda presentada por los 214 extrabajadores del Instituto Provincial de Seguros, estos interpusieron un recurso de amparo extraordinario que esperan se resuelva pronto.
“Es momento de reparar los perjuicios ocasionados por el desconocimiento arbitrario de nuestros derechos, solicitamos una revisión en el marco político de todo lo actuado”, pidió Susana Dantur, una exempleada.
La jubilada y sus excompañeros creen que en su momento “les jugaron una mala pasada”, incluso contó que hay un legislador provincial que en aquel entonces cobró la propiedad participada.

Los antecedentes

Empleados del ex Banco de Salta, del Banco de Préstamo y Asistencia Social y los de la vieja Dirección de Energía de la Provincia cobraron sus acciones del programa de propiedad participada.
Después de años de lucha, los extrabajadores de YPF de a poco están percibiendo el beneficio.

 

Fuente: El Tribuno Salta

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